La Justicia sospecha maniobras de "triangulación" de fondos para la compra de automóviles para el Ministerio de Salud de la Nación por intermedio de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
La investigación sobre los convenios firmados entre las universidades nacionales y el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para la contratación de bienes y servicios llegó a Entre Ríos: el juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, recibió hace unos días una denuncia por presuntos hechos de corrupción en la administración de fondos públicos derivados a la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).
El mecanismo habría consistido en la "triangulación" de contrataciones y compras de bienes por intermedio de la universidad para evitar controles legales. En el caso concreto de la UNER, se investiga la compra de siete vehículos sin asignación presupuestaria, sin autorización ni control del Consejo Superior, con dinero ingresado a través de la Oficina de Vinculación Tecnológica.
La Vintec, como se conoce a la oficina, es una especie de caja negra de la universidad, a través de la cual se canalizan los convenios con organismos públicos, particulares y empresas privadas para el fomento de la innovación, la ciencia y la tecnología.
A poco de asumir, el ministro de Salud, Jorge Lemus, por ejemplo, se enteró que el auto oficial en el que se movilizaba todos los días había sido adquirido a través de la UNER, según consignó hace algunas semanas el diario Clarín.
En octubre de 2011, la UNER firmó un convenio marco de cooperación con el Ministerio de Salud de la Nación, "a efectos de la implementación y desarrollo de acciones de cooperación, gestión de aquellos planes, proyectos y programas dependientes de la Secretaría de Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación". Al pie se leen las firmas del ministro Juan Luis Manzur, el rector Jorge Amado Gerard y el titular del organismo ministerial, Eduardo Bustos Villar. El cumplimiento de ese y otros convenios que le siguieron con la cartera sanitaria le reportó a la universidad alrededor de 37 millones de pesos, hasta el 10 de diciembre de 2015.
La sospecha es que desde el Ministerio de Salud de la Nación ingresaron fondos a la UNER, por intermedio de la Vintec, y que con esas comisiones se adquirieron los siete vehículos en cuestión, registrados a nombre de la universidad e inscriptos en el Registro de la Propiedad del Automotor Número 1 de Concepción del Uruguay, pero que nunca fueron utilizados por dependencias de la academia, salvo dos de ellos –una Peugeot Partner y un Volkswagen Vento– que en los últimos días aparecieron en el Rectorado.
En cambio, el rector habría concedido autorizaciones a personas que no son empleados de la universidad autorizándolos a conducirlos. Un ejemplo de ello es la gran cantidad de multas que debió abonar la universidad por infracciones de tránsito cometidas en distintos puntos del país.
Mientras tanto, y más allá de estas situaciones particulares, por decreto, el presidente Mauricio Macri dio de baja los convenios con las universidades a partir del 1 de abril. La medida, más allá de los despidos que provocará la medida por la caída de las contrataciones de personal que se hubieran efectuado en ese marco, pone bajo la lupa otros convenios firmados por el rector Gerard.
Según trascendió, la Oficina Anticorrupción tiene en estudio millonarios convenios –todavía vegentes– firmados con los Ministerios de Educación, Planificación Federal y Ciencia y Tecnología, entre otros.
Lo cierto es que si bien la denuncia que tramita en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay no menciona a ningún funcionario ni agente de la universidad, deja en una posición incómoda al rector de la universidad.
Gerard cumple su segundo (y último) mandato como rector de la UNER, que vence en 2018. Fue elegido en 2010 en medio de la doble polémica, por haber admitido en su curriculum que fue funcionario de la dictadura –ejerció como secretario académico de la Facultad de Ciencias de la Alimentación entre 1980 y 1984– y por las denuncias de los otros candidatos por las intromisiones del Gobierno provincial en las elecciones, ya que Gerard era, en ese momento, director ejecutivo de la Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación de Entre Ríos (Actier).
Lejos de aventar la polémica, Gerard asumió rodeado de funcionarios; y durante su gestión no se privó de suscribir documentos de apoyo al Gobierno y hasta una carta a favor de la postulación presidencial de Daniel Scioli.
Fuente: Página Judicial
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